ESPAÑA Efectos de los recortes
La atención a las enfermedades mentales, en la UCI
Los recortes y las políticas en la sanidad pública han deteriorado la atención en este campo
Psiquiatras y psicólogos se movilizan en protesta con las nuevas directrices sanitarias
Los pacientes se quejan de la falta de tiempo y del cambio frecuente de médicos
Actualizado: 11/06/2014 05:24
horas
La
crisis, el paro, los recortes... El ambiente social que nos rodea ha
variado drásticamente en los últimos años, un cambio que está
dejando huella en la salud
mental:
las depresiones han aumentado un 20% y algunos estudios apuntan
también a un incremento en el número de suicidios. ¿Cómo está
afrontando el Gobierno español estos problemas? ¿Está destinando
más recursos a las consultas de psiquiatría?
Carlos
Mañas (1966, Vigo) conoce muy bien los puntos negros de la atención
mental en el sistema público. Hace ocho años le diagnosticaron
trastorno bipolar en grado 1, el más grave en esta enfermedad, y
desde entonces ha sufrido en propia piel lo mal articulado que está
el sistema y el deterioro que está sufriendo en estos últimos años.
"El tiempo entre consulta y consulta está, en mi caso, entre
los cuatro y cinco meses. Si
tengo un problema entre tanto, o un brote psicótico, mi única
opción es acudir a las urgencias hospitalarias. Allí,
me puede atender el psiquiatra, si mi brote coincide con su horario,
o un médico cualquiera", asegura.
Otro
aspecto en el que insiste es en el desfile
de caras.
"A lo largo de estos ocho años, me ha tratado cuatro
psiquiatras diferentes y seis médicos de familia. A eso hay que unir
las vacaciones de cada uno. El problema es que cuando
cambia el médico tienes que volver a contar todo de nuevo y,
en función de cómo lo diga o su criterio, el diagnóstico o el
tratamiento pueden cambiar. La incertidumbre que te da esto es muy
difícil de aguantar".
Este
publicista, ahora ya retirado de esta profesión pero al frente de la
ONG Solidarios
Anónimos,
no se dio cuenta de que tenía un problema hasta que empezó a sufrir
depresiones. "Antes aprovechaba mis estados de euforia para
hacer cosas en publicidad". Pero llegó un día en que sus
depresiones eran tan fuertes que la idea del suicidio apareció.
"Además, empecé a tener brotes con efectos de voces. Entonces
busqué ayuda".
Esta
dificultad para ser atendido por un especialista cuando el estado de
ánimo se hunde es también denunciada por José Manuel Arévalo,
presidente de la Federación En
Primera Persona,
que reúne a unas 10 asociaciones de pacientes en
Andalucía. "La primera consulta no funciona mal, pero cuando
entras en las revisiones tardan más, unos tres meses o seis, si el
proceso es más estable. Además, el
tiempo que estás con el médico también es menor, entre cinco y 10
minutos, a veces cuando llegas ya casi están con la receta en la
mano",
afirma.
Los
datos le dan la razón. Según el informe Crisis
económica y Salud,
presentado en una reciente jornada de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria, el consumo de fármacos para
tratar la depresión ha aumentado un 10% entre 2009 y 2012 en nuestro
país, es decir, se ha pasado de 35,1 millones a 38,7 millones de
envases vendidos. En el informe, publicado en la revista Gaceta
Sanitaria,
no se observa, por lo menos hasta 2012, un impacto de la crisis sobre
el número de suicidios.
Tanto
Mañas como Arévalo son conscientes de los recortes y las
dificultades que tienen los profesionales para realizar su trabajo.
"No tienen la culpa. Pero los profesionales están descontentos.
Hay desmotivación porque se les está apretando mucho", explica
este último.
Por
estos y otros motivos, 80 psiquiatras y psicólogos han publicado
la Declaración
de Atocha: En defensa de la atención pública a la Salud Mental.
Manifiesto al que se han unido las principales sociedades médicas y
asociaciones de pacientes del sector. "Hemos recibido el apoyo
de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia, de la
Asociación Española de Neurosiquiatría-Profesionales de la salud
Mental, de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (Feafes), entre otras", asegura Begoña
Olabarría, psicóloga clínica y psicoterapeuta y una de las
impulsoras de este documento.
"En
los últimos años, la
situación sanitaria en salud mental ha empeorado, los recursos han
disminuido considerablemente,
tanto los humanos, como los programas, los dispositivos y toda la
atención en general. Y no es tanto debido a la crisis sino a la
línea política que se está instaurando, neoliberal, de libre
mercado y competencia, que no es un modelo apropiado para el sistema
sanitario público en general y mucho menos para la atención
mental", explica Consuelo Escudero, psicóloga clínica en
Madrid y una de las firmantes de la Declaración de Atocha.
Quizás
por este deterioro de la atención pública el
número de pacientes que recurren a un servicio privado esté
aumentando.
De hecho, hasta el 30-40% de las personas con algún trastorno mental
acude a la psiquiatría privada, tal y como reconocieron hace unas
semanas representantes de la Asociación Española de Psiquiatría
Privada (ASEPP) en su congreso nacional.
"Se
busca un complemento a la atención pública, un refuerzo debido al
déficit que hay. Pero es un dinero importante, en un colectivo donde
hay mucha gente que tiene una pensión contributiva o que no
trabajan. Hay que tener en cuenta que el
precio de la consulta a un psicólogo está entre los 60-70 euros y
ver a un psiquiatra te cuesta por lo menos 100 euros la hora",
se queja José Manuel Arévalo.
Como
señala Teresa Suárez, psiquiatra que ejerce en la capital, "cuando
hay menos recursos, fundamentalmente recursos humanos, la calidad se
tiene que deteriorar. Una cartera de servicios no se presta porque
esté escrita en algún sitio sino porque te den las posibilidades,
los medios y la formación para llevarla a cabo. Este tipo de
prestación se ha ido debilitando y algunas cosas prácticamente está
de facto abolidas".
La
situación, aunque con algunas variaciones, parece ser muy similar
entre las diferentes comunidades autónomas. "La
realidad no es exactamente la misma pero sí hay preocupaciones
comunes. Una de estas preocupaciones es el tema de la
mercantilización de la salud mental, es decir, considerarla como un
elemento económico que puede someterse a las leyes del mercado, de
la contabilidad, independientemente de que sea un derecho de las
personas. Esto está derivando en una serie de cambios que,
independientemente de las orientaciones políticas de cada CCAA, se
está implementando a través de cambios en políticas de gestión.
Bajo conceptos que en principio pueden parecer neutrales o incluso
positivos, como calidad o excelencia, en realidad lo que esconden es
una priorización de los aspectos económicos sobre los
asistenciales", afirma Juan Francisco Jiménez, psicólogo
clínico en Andalucía.
No
es sólo un asunto económico, también organizativo, asegura
José García, psiquiatra en Oviedo: "Cuando se desarrolló la
reforma psiquiátrica, se constituyeron equipos multidisciplinares
que en este momento están fragmentados porque se ha detenido el
proceso de atención comunitaria. No
se fomenta el trabajo en equipo,
la demanda supera el dinamismo de trabajo de grupo y eso lleva a que
estos profesionales tengan que hacer un trabajo individual y se
pierde un elemento fundamental para el trabajo comunitario que es el
análisis conjunto, la elaboración de tratamientos y estrategias
conjuntas y con ello se elimina una de las piezas fundamentales de lo
que exige la intervención comunitaria en salud mental. La atención
comunitaria no es una política que se promociona. Ha habido un claro
recorte de recursos humanos. Sin embargo, curiosamente ha aumentado
el presupuesto de gastos en psicofármacos".
No
menos importante es otro aspecto que critican tanto pacientes como
profesionales: la reforma del Código Penal que actualmente está
tramitando el Congreso. "Se quiere establecer un modelo genérico
de peligrosidad para el enfermo mental. Es un retroceso enorme, es
volver al siglo XIX. Con esta norma se estigmatiza al paciente. No
quiero decir que, en determinadas circunstancias, ciertas personas
puedan ser peligrosas, pero esta consideración no puede ser
generalizable", insiste Olabarría.
Un
cambio jurídico que cada vez puede afectar a más personas. Según
el informe Crisis
económica y Salud,
entre 2006 y 2010, los trastornos depresivos han aumentado un 19,4%
en España, los trastornos por ansiedad un 8% y la dependencia al
alcohol un 5%. Aunque en este estudio no se observa, por lo menos
hasta 2012, un impacto de la crisis sobre el número de suicidios,
sí se ha visto un aumento en otros países en los que se iniciaron
antes los problemas económicos. Quizás es cuestión de tiempo y
todo apunta a que la tendencia está cambiando.
